Ley de teletrabajo para funcionarios

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El 15 de diciembre de 2021 salió a trámite de información pública el texto del Proyecto de Real Decreto por el que se Regula el Teletrabajo en la Administración del Estado. Más comúnmente conocido como la ley del teletrabajo para funcionarios.

Para descargar el Proyecto de Real Decreto por el que se Regula el Teletrabajo en la Administración del Estado pincha en el enlace previo (vía web de hacienda).

Hay que señalar que el texto no es definitivo ni está en vigor. Para que pase a serlo, la ley del teletrabajo para funcionarios primero debe ser aprobada en el congreso. De hecho, en el momento de escribir estas líneas y hasta el día 4 de enero de 2022, se encuentra en proceso de audiencia pública y cualquier persona puede opinar y enviar sus sugerencias sobre la ley a través de este enlace.

Tabla de contenidos

    Generalidades de este artículo.

    Dado que la ley todavía no ha sido aprobada, por ahora no vamos a hacer un análisis tan profundo como hicimos con la ley del teletrabajo en la empresa privada.

    En su lugar únicamente vamos a señalar los aspectos más relevantes o que más llaman la atención. Recordad que nuestro planteamiento es el de hacer resúmenes sencillos y entendibles de la ley. 

    Esto quiere decir que los textos de esta web no son literales y pueden contener inexactitudes (o errores). En caso de duda lo mejor es acudir a la normativa (siguiendo el enlace superior).

    Ámbito de aplicación de la ley del teletrabajo para funcionarios.

    La ley afecta a:

    • La Administración General del Estado.
    • Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
    • Los organismos públicos, de acuerdo con lo previsto en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
    • Aquellas entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, que se rijan por la normativa general de Función Pública.

    Pero excluye específicamente a el:

    • Personal militar de las Fuerzas Armadas.
    • Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
    • Personal destinado en establecimientos sanitarios.
    • Personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia.
    • Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario o laboral al servicio de la Administración de Justicia que se regulará por su normativa específica.

    Capítulo II de la ley del teletrabajo para funcionarios.

    El artículo 5.1 recoge que, para que los funcionarios puedan realizar sus actividades en modo de teletrabajo, primero se debe de realizar un estudio en el departamento ministerial sobre qué actividades pueden llevarse a cabo en remoto.

    Por su parte el 5.2 indica que, para que esto sea posible, es necesario que el rendimiento pueda verificarse mediante indicadores cuantificables que deberán ser evaluados periódicamente.

    El artículo 8 regula que en términos generales (hay excepciones) el teletrabajo ocupará un máximo de 3 días a la semana, debiendo realizarse los otros dos días trabajo presencial. Como sabéis soy reticente a la implantación del teletrabajo híbrido. Podeis consultar por qué en mi artículo sobre ¿teletrabajo híbrido o 100% remoto?.

    No he visto nada reseñable en el resto de los artículos del capítulo 2. El artículo 6 regula situaciones excepcionales, el artículo 7 define los puestos objeto de teletrabajo para funcionarios (dice cuales pueden ser objeto, pero a mi parecer todo son generalidades razonables), el 9 define la jornada de trabajo (sin sorpresas), el 10 define los derechos y deberes de los trabajadores (esencialmente que tienen los mismos que los trabajadores presenciales, pero se añaden algunas responsabilidades adicionales en materia de seguridad y de gestión de la información. Quizás destacar que tienen la obligación de acudir al puesto presencial si son convocados por causas excepcionales) y el 11 habla de prevención de riesgos laborales.

    Si queréis conocer los detalles sobre estos artículos descargad la ley desde el enlace superior.

    Capítulo III de la ley del teletrabajo para funcionarios.

    El capítulo III articula la operativa necesaria para que la administración pueda desplegar el teletrabajo para funcionarios.

    El artículo 12 habla del plan de teletrabajo. Un documento que debe ser realizado y aprobado previamente a la implantación del teletrabajo.

    El artículo 13 plantea la forma en la que los funcionarios pueden acceder al teletrabajo. En concreto para hacerlo deben presentar una solicitud a las convocatorias previstas para teletrabajo y que tienen una vigencia de un año.

    Por su parte el artículo 14 regula los requisitos de las personas para poder solicitar el teletrabajo. Voy a especificar: para poder realizar el teletrabajo es necesario que tanto el puesto laboral pueda ser objeto de teletrabajo (de acuerdo a lo definido en el artículo 7) como que el funcionario cumpla unos criterios de elegibilidad.

    Los criterios de elegibilidad se basan en la antigüedad en el puesto (al menos 1 año en el puesto), tener los conocimientos y capacidades necesarios para poder realizar la actividad en remoto y no haber sido objeto de una revocación de teletrabajo en los dos últimos años.

    El artículo 17 regula el acuerdo de teletrabajo, que en este caso es mucho más laxo en sus requisitos que el que vimos en la ley del teletrabajo para las empresas privada.

    En este acuerdo de teletrabajo únicamente es necesario incluir el tipo de teletrabajo que se realizará, la jornada en la que se realizará el teletrabajo, los medios de comunicación inmediatos con el funcionario, la ubicación, la planificación de objetivos, plazos y criterios de evaluación (esta parte me parece muy interesante) y la duración del acuerdo.

    Los artículos que nos restan (15,16, 18 y 19) hablan respectivamente de los criterios de autorización de las solicitudes de teletrabajo, como deben tramitarse las solicitudes, disposición de equipamientos necesarios para el teletrabajo y el acceso a formación específica.

    Capítulo IV de la ley del teletrabajo para funcionarios.

    El capítulo IV de la ley del teletrabajo para funcionarios habla de las posibles causas de finalización del acuerdo de teletrabajo.

    El artículo 20 contempla las causas que en todo caso serán de finalización del acuerdo de teletrabajo (a estas causas pueden incorporarse otras propuestas por las administraciones específicas). Serían:

    • Acuerdo mutuo entre las partes.
    • Finalización del plazo para el que fuese autorizada, salvo prórroga.
    • Cambio de puesto de trabajo.
    • Renuncia de la persona interesada
    • Revocación por parte de la Administración.

    Todo es razonable, quizás lo más interesante sea la definición de las causas por las que la administración puede, de forma unilateral, revocar el acuerdo de teletrabajo con el funcionario. Estas están recogidas en el artículo 21 y serían:

    • Necesidades de servicio sobrevenidas.
    • Modificación sustancial y sobrevenida de las funciones desempeñadas por la empleada y empleado público.
    • Incumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión durante el periodo teletrabajado.
    • Incumplimiento de los objetivos fijados, así como de cualquier otra clausula incluida en el acuerdo de teletrabajo.
    • Incumplimiento de la obligación de comunicar cualquier alteración de las circunstancias tenidas en cuenta a la hora de conceder la autorización del teletrabajo.
    • Incumplimiento de las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
    • Incumplimiento de la confidencialidad, del deber de sigilo, de las obligaciones relativas a la protección de datos personales y seguridad de la información, así como el uso de los medios tecnológicos proporcionados para finalidades diferentes a las derivadas de la prestación de servicios.

    Capítulo V de la ley del teletrabajo para funcionarios.

    El capítulo V es interesante en el sentido que recoge los medios de los que dispondrá la administración para realizar el seguimiento y evaluación del teletrabajador. 

    A este respecto, El artículo 22 recoge que se pueden emplear medios tecnológicos para evaluar el cumplimiento de los objetivos, la veracidad de las declaraciones y los tiempos de conexión del teletrabajador (entre otras cosas). El incumplimiento podría dar lugar a medidas disciplinarias.

    El artículo 23 se refiere a la emisión de informes anuales por parte de la administración.

    Las disposiciones adicionales son bastante autoexplicativas y los textos no tienen grandes sorpresas. Se incluye una enumeración:

    • Disposición adicional primera. No incremento de gasto público.
    • Disposición adicional segunda. Aplicación del Real Decreto a otras entidades del sector público.
    • Disposición adicional tercera. Puesta a disposición de medios tecnológicos.
    • Disposición adicional cuarta. Plan de capacitación.
    • Disposición adicional quinta. Colaboración administrativa.
    • Disposición adicional sexta. Optimización de edificios administrativos.
    • Disposición adicional séptima. Indemnizaciones por razón del servicio.
    • Disposición transitoria única. Mantenimiento de programas pilotos de teletrabajo.

    Quedamos a la espera de que se apruebe el texto definitivo que abordaremos en mayor profundidad. Si necesitas conocer más detalles sobre este proyecto, recuerda que tienes un enlace para su descarga en la parte superior de este artículo.

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